Los permisos de salida de la persona que se encuentra privada de libertad

Para que una persona que está privada de libertad pueda salir al exterior se deben dar unos requisitos recogidos en el Reglamento Penitenciario.

Las penas privativas de libertad, o lo que es lo mismo las penas de prisión, están encamindas a conseguir la reinserción social y la reeducación social, lo cual significa que con el paso del cumplimiento de la pena y con la obtención de una serie de requisitos objetivos y subjetivos, la persona presa tendrá derecho a solicitar los permisos ordinarios de salida.

El Reglamento Penitenciario, en su artículo 154, recoge la posibilidad de que el interno que haya extinguido 1/4 parte del total de su condena y que no tenga mala conducta pueda optar a que los permisos de salida le sean aprobados. Se podrán conceder permisos de salida ordinarios de un máximo de siete días de duración, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, y hasta un total de treinta y seis -para las personas que estén clasificadas en segundo grado- o cuarenta y ocho días por año a las personas clasificadas en tercer grado.

En cuanto a esa mala conducta referida en el Reglamento, se refiere a la persona que disfruta de una conducta asuente de expedientes disciplinarios dentro de la cárcel. Si el interno o la interna tiene un expediente disciplinario sin cancelar será muy complicado que el permiso sea concedido.

A parte de estos dos requisitos ya mencionados existen de otros que tienen que ver con la trayectoria delictiva del preso/a, la personalidad anómala del interno/a o por la existencia de variables cualitativas desfavorables que prevea un probable quebrantamiento de la pena. También por una posible comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno/a desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento.

Finalmente y con toda esta información, la Junta de Tratamiento del Centro decidirá si esa persona reúne o no todos los requisitos para tener un permiso de salida favorable. De ser así, el permiso no es aprobado automáticamente por la Junta, sino que este es enviado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que, con previo informe del Ministerio Fiscal, se autorice o no el mencionado permiso. En el caso de que el permiso de salida no sea autorizado por el Juez, este Auto podrá ser recurrido en primera instancia como un recurso de reforma ante el mismo Juzgado -a contar con un plazo de 3 días desde el día siguiente en que fue notificado el Auto- o en una segunda instancia como recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en un plazo de 5 días a contar desde el día siguiente en que se notificó el Auto denegatorio del permiso de salida.

Si finalmente ese permiso que se ha tenido que recurrir en ambas instancias (Juzgado de Vigilancia y Audiencia Provincial) no ha sido resuelto favorablemente, en el sentido de que el permiso haya sido autorizado por el órgano judicial, él mismo ya no se podrá recurrir más. Y tocará esperar al próximo permiso que nuevamente volverá a solicitar el interno/a.

Los permisos de salida de la persona que se encuentra privada de libertad

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